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A un año del paro nacional iniciado el 22 de septiembre de 2025 contra la eliminación del subsidio al diésel, varias causas judiciales relacionadas con las movilizaciones continúan abiertas. Según información entregada por la Fiscalía a la Asamblea Nacional en junio de 2026, se iniciaron 149 investigaciones penales por hechos registrados durante ese periodo, con Imbabura como la provincia con mayor número de expedientes. Entre los procesos que continúan en los tribunales están los casos de los 18 procesados de Otavalo, el dirigente de la Fenocin Guido Perugachi y el comunero kichwa de Sucumbíos Gregorio Aguinda. En Imbabura, el proceso conocido inicialmente como “los 12 de Otavalo” pasó a tener 18 procesados. Aunque en junio fueron sobreseídos, en agosto la Sala Penal de la Corte Provincial revocó esa decisión y dispuso su llamamiento a juicio. Hasta el 21 de septiembre todavía no se había establecido una fecha para la audiencia. En paralelo, Guido Perugachi enfrenta una investigación por presunta paralización de servicios públicos y permanece con prisión preventiva, cuya apelación será analizada el 29 de septiembre. En Sucumbíos, Gregorio Aguinda enfrenta un proceso por presunto ataque o resistencia, luego de que la Fiscalía reformulara los cargos inicialmente planteados por terrorismo. Las causas se encuentran en diferentes etapas y también existen otras investigaciones por presuntos delitos como obstrucción de vías, daño a bien ajeno, secuestro, terrorismo e instigación. Las defensas de los procesados han cuestionado el avance de estos expedientes y han planteado la necesidad de considerar el contexto de las comunidades y las movilizaciones. En el caso de Aguinda, por ejemplo, su defensa y la dirigencia de Mushullacta solicitaron incorporar un diálogo intercultural al proceso. A un año de las protestas, los expedientes continúan bajo distintas instancias de la justicia ecuatoriana.
A un año del paro nacional iniciado el 22 de septiembre de 2025 contra la eliminación del subsidio al diésel, varias causas judiciales relacionadas con las movilizaciones continúan abiertas. Según información entregada por la Fiscalía a la Asamblea Nacional en junio de 2026, se iniciaron 149 investigaciones penales por hechos registrados durante ese periodo, con Imbabura como la provincia con mayor número de expedientes. Entre los procesos que continúan en los tribunales están los casos de los 18 procesados de Otavalo, el dirigente de la Fenocin Guido Perugachi y el comunero kichwa de Sucumbíos Gregorio Aguinda. En Imbabura, el proceso conocido inicialmente como “los 12 de Otavalo” pasó a tener 18 procesados. Aunque en junio fueron sobreseídos, en agosto la Sala Penal de la Corte Provincial revocó esa decisión y dispuso su llamamiento a juicio. Hasta el 21 de septiembre todavía no se había establecido una fecha para la audiencia. En paralelo, Guido Perugachi enfrenta una investigación por presunta paralización de servicios públicos y permanece con prisión preventiva, cuya apelación será analizada el 29 de septiembre. En Sucumbíos, Gregorio Aguinda enfrenta un proceso por presunto ataque o resistencia, luego de que la Fiscalía reformulara los cargos inicialmente planteados por terrorismo. Las causas se encuentran en diferentes etapas y también existen otras investigaciones por presuntos delitos como obstrucción de vías, daño a bien ajeno, secuestro, terrorismo e instigación. Las defensas de los procesados han cuestionado el avance de estos expedientes y han planteado la necesidad de considerar el contexto de las comunidades y las movilizaciones. En el caso de Aguinda, por ejemplo, su defensa y la dirigencia de Mushullacta solicitaron incorporar un diálogo intercultural al proceso. A un año de las protestas, los expedientes continúan bajo distintas instancias de la justicia ecuatoriana.

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